(Note: Original English version follows Spanish version)
Luis Fortuño, Columnista Invitado
Orlando Sentinel 18 de agosto de 2013
Los Estados Unidos son la democracia más grande de la historia. En nuestra Constitución está el reconocimiento consagrado de que todos somos criaturas iguales, y por lo tanto, con los mismos derechos. Este concepto definido en la guerra para abolir la esclavitud, que condujo a la mujer a su derecho a votar, y sirvió de base a la Corte Suprema que separar no es igualdad.
No hay disposición en la Constitución que crea ciudadanía de segunda clase. Dada la historia de la extensión de los derechos de todos los estadounidenses y nuestro principio fundamental de un gobierno de personas que elegimos, el estatus actual de PR es una contradicción insostenible de los valores americanos.
Desde la Guerra Hispanoameericana, PR ha sido un territorio carente de una identidad permanente. El pasado noviembre, la mayoría de los electores solicitaron que se ponga fin al estatus actual, erróneamente llamado "Commonwealth", pero realmente es un territorio no incorporado de acuredo a la Corte Suprema. De las alternativas que las autoridades federales de ambas partes en el Poder Ejecutivo y el Congreso han dicho durante años es posible, el 61,2 por ciento optó por la estadidad. Este fue el primer voto en Puerto Rico sobre la situación del territorio limitado a las opciones posibles. Todas las votaciones anteriores son confusas y poco concluyentes por las propuestas imposibles de ELA.
La legislación exigiendo al Presidente proponer una transición a la estadidad si los puertorriqueños la apoyan en un indiscutible referéndum Federal, ha sido patrocinado por 120 miembros de la Cámara de Representantes de los EEUU. El Presidente Obama ha propuesto, y el dominado, por los Republicanos, Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja ha aprobado, el financiamiento para la celebración de un referéndum para finalmente "resolver" el problema. Estas medidas fueron originalmente propuestas por los Demócratas, pero están respaldados por los Republicanos como yo, en una muestra más del bipartidismo en un Congreso dividido. Mientras que los miembros del Congreso escuchan de sus electores este mes de Agosto, tengo la esperanza de que se escuche la voluntad de los ciudadanos americanos de ascendencia puertorriqueña y firmar en H. R. 2000, cuando regrese a Washington.
En virtud de la Cláusula Territorial, el Congreso tiene mayor poder para gobernar a Puerto Rico que a los estados de la nación. Los puertorriqueños, sin embargo, no tienen ni representación con voto en el Congreso ni el derecho a emitir su voto para presidente. Mientras que Puerto Rico sea tratado como un estado en la mayoría de las leyes, las zonas en las que se tratan de manera diferente a la mayoría de los puertorriqueños, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento desde 1917.
El pueblo de Puerto Rico han rechazado la desigualdad creada desde el estatus actual. Ya no es aceptable para los puertorriqueños que viven en la ciudad de Orlando puedan votar en las elecciones federales mientras que sus hermanos y hermanas en Puerto Rico no pueden ejercerlo. Ya no es posible aceptar que la carecencia de representación en el gobierno nacional mientras que los puertorriqueños luchan y mueren sirviendo en las fuerzas armadas y se tratan con menos igualdad en programas federales. Puerto Rico tiene una única representación en el gobierno federal, que tiene un asiento en la Cámara, pero sólo los votos en la comisión, representa a más de 42 senadores de los EEUU. Los puertorriqueños quieren igualdad de derechos y están dispuestos a aceptar responsabilidades iguales.
Una solución para los puertorriqueños buscando la igualdad es un pasaje de avión. Y millones de ciudadanos que han tomado esta ruta, muchos en la zona de Orlando. Casi tres de cada 10 puertorriqueños, 1.5 millones se han movido a los estados a disfrutar de la igualdad de oportunidades de la estadidad. Mientras que menos de 3,7 millones de personas siguen viviendo en la isla. Hay un total de 4.9 millones de personas de ascendencia puertorriqueña en los EEUU.
La otra solución para la igualdad es realizar la transición del territorio a la estadidad si la petición de la estadidad es confirmada en el referéndum federal. Presidentes, desde Gerald Ford y Ronald Reagan a Barack Obama han defendido que, en palabras de George H. W. Bush, el Congreso "adoptar las medidas necesarias para que el pueblo decida en un referéndum".
Es el momento para que los miembros del Congreso apoye al pueblo de Puerto Rico, y sus familias que viven en cada distrito congresional y estado, por el lado de la libre determinación y la democracia. Si el pueblo de Puerto Rico no puede encontrar apoyo para estos ideales fundamentales en el Congreso de los EEUU, ¿qué dice esto acerca del Congreso? Todos los ciudadanos que creen realmente en la igualdad para todos instamos al Congreso a que apruebe H. R. 2000 para confirmar las aspiraciones hacia la estadidad del pueblo de Puerto Rico a través de un patrocinio federal al referéndum.
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U.S. history of equality makes Puerto Rico's
statehood case
Orlando Sentinel August 18, 2013|
By Luis Fortuño Guest columnist
The United States is history's greatest democracy. Enshrined in
our Constitution is the recognition that all are created equal and,
therefore, entitled to the same rights. This understanding defined
the war to end slavery, led to extending women the right to vote, and
served as the basis for the Supreme Court declaring that separate is
not equal.
There is no provision in the Constitution that permits
second-class citizenship. Given the history of extending rights to
all Americans and our bedrock principle of a government by people
whom we elect, Puerto Rico's current status is an unsustainable
contradiction of American values.
Since the Spanish-American War, Puerto Rico has been a territory
lacking a permanent identity. Last November, a majority of voters
called for an end to the current status, sometimes misleadingly
called "commonwealth," but really a territory status
according to the Supreme Court. Of the alternatives that Federal
authorities of both parties in the Executive Branch and Congress have
for years said are possible, 61.2 percent chose statehood. This was
the first vote in Puerto Rico on the territory's status limited to
possible options. All previous votes were confusing and made
inconclusive by impossible "commonwealth" proposals.
Legislation requiring the President to propose a transition to
statehood if Puerto Ricans support it in an indisputable Federal
referendum has now been sponsored by 120 members of the U.S. House of
Representatives. President Obama has proposed, and the
Republican-dominated U.S. House Appropriations Committee has
approved, funding for a referendum to finally "resolve" the
issue. These measures were originally proposed by Democrats but are
backed by Republicans like myself, in one of the strongest showings
of bipartisanship in a deeply divided Congress. While members of
Congress are home listening to their constituents this August, it is
my hope that they will hear the will of the American citizens of
Puerto Rican descent and sign on to H.R. 2000 when they return to
Washington.
Under the Constitution's Territory Clause, Congress has greater
power to govern Puerto Rico than the states. Puerto Ricans, however,
have neither voting representation in Congress nor the right to cast
a ballot for president. While Puerto Rico is treated like a state in
most laws, the areas in which it is treated differently disadvantage
the majority of Puerto Ricans, despite being U.S. citizens by birth
since 1917.
The people of Puerto Rico have rejected the inequality bred from
the current status. It is no longer acceptable for Puerto Ricans
living in Orlando to be able to vote in federal elections while their
brothers and sisters back home cannot. It is no longer acceptable to
lack representation in our national government while Puerto Ricans
fight and die serving in the armed forces and are treated less than
equal with important federal programs. Puerto Rico's sole
representative to the federal government, who has a seat in the House
but votes only in committee, represents more people than 42 U.S.
senators. Puerto Ricans want equal rights and are willing to accept
equal responsibilities.
One solution for Puerto Ricans looking for equality is an airline
ticket. And millions of citizens have taken this route, many to the
Orlando area. Nearly three of every 10 living Puerto Ricans, 1.5
million, have moved to the states to enjoy the equal opportunity of
statehood. While less than 3.7 million people remain in the islands,
there are a total of 4.9 million people of Puerto Rican heritage in
the states.
The other solution for equality is to transition the territory
into statehood if Puerto Rico's petition for statehood is confirmed
in a federal referendum. Presidents from Gerald Ford and Ronald
Reagan to Barack Obama have advocated that, in the words of George
H.W. Bush, Congress "take the necessary steps to let the people
decide in a referendum."
It is time for members of Congress to stand with the Puerto Rican
people, and the Puerto Rican families living in every tate and
congressional district, on the side of self-determination and
democracy. If the Puerto Rican people cannot find support for these
fundamental ideals in the U.S. Congress, what does that say about the
Congress? All citizens who truly believe in equality for all should
urge Congress to pass H.R. 2000 to confirm the statehood aspirations
of the people of Puerto Rico through a federally sponsored
referendum.
Luis Fortuño served as Governor of Puerto Rico and as its
elected representative in the United States Congress.
